Operación Cazador: así cayó la mayor granja de minería de criptomonedas en Venezuela
El operativo, bautizado como "Operación Cazador", pone en evidencia la tensión permanente entre el auge de las criptomonedas y una red eléctrica que no da más.
La minería de criptomonedas en Venezuela es una realidad. Foto: Generado por Gémini.
El pasado 18 de mayo, en la Zona Industrial de San Vicente, en Maracay, estado Aragua, las autoridades venezolanas desmantelaron lo que se perfila como una de las granjas de minería cripto clandestinas más grandes descubiertas en los últimos años en el país.
Más de 4.000 equipos tipo ASIC —las máquinas especializadas que se usan para extraer Bitcoin— fueron incautados en un operativo que involucró al CICPC, la Guardia Nacional Bolivariana, la REDI Central, la ZODI Aragua y el Ministerio de Energía Eléctrica.
La instalación operaba en las sombras, sin ningún tipo de licencia, y su impacto en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era imposible de ignorar: consumía entre 8 y 10 megavatios de electricidad de forma sostenida, una cifra capaz de alimentar a miles de hogares.
De hecho, según el reporte oficial, las fluctuaciones de carga que generaban estos equipos alteraban constantemente los disyuntores de seguridad de la red pública, lo que se traducía en apagones e inestabilidad para los ciudadanos de la región.
“El centro de datos operaba al margen de la ley y las fluctuaciones de carga eléctrica provocadas por los equipos alteraban constantemente los disyuntores de seguridad de la red pública, amplificando la inestabilidad del suministro local”, precisó Vianney Rojas, el viceministro de Energía Eléctrica.
¿Cómo funciona una granja de minería cripto?
Para entender la magnitud del hallazgo, vale la pena hacer una pausa. La minería de criptomonedas —en particular de Bitcoin— consiste en usar computadoras especializadas para resolver cálculos matemáticos complejos a cambio de una recompensa en criptomonedas. Cuantas más máquinas tenga una operación, más poder de cómputo acumula y, por ende, más posibilidades tiene de obtener esa recompensa.
El problema es que cada máquina consume una cantidad considerable de electricidad. Multiplicado por 4.000 unidades, el resultado es un consumo energético equivalente al de un barrio entero.
Los equipos decomisados eran en su mayoría del modelo Whatsminer M30S de la empresa MicroBT, acompañados de sistemas industriales de refrigeración. No era una operación improvisada: alguien invirtió millones de dólares en montar esa infraestructura para generar ingresos en la minería.
Minería cripto “ilegal” en Venezuela
La minería de criptomonedas en Venezuela no siempre fue ilegal. De hecho, el país cuenta con un marco regulatorio vigente a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), organismo creado precisamente para otorgar licencias y supervisar este tipo de actividades. En teoría, quien cumpla los requisitos puede minar de forma legal.
Sin embargo, la realidad es más complicada. Tras el escándalo conocido como el caso PDVSA-Cripto —que implicó a funcionarios del Estado en operaciones irregulares con criptomonedas— el gobierno endureció notablemente su postura. Desde 2024, los operativos contra granjas ilegales se han multiplicado en distintos estados del país, y el argumento oficial es siempre el mismo: la minería no autorizada destruye el sistema eléctrico.
Dicho esto, hay voces que cuestionan ese argumento. Expertos y usuarios han señalado que el deterioro estructural del sistema eléctrico venezolano comenzó mucho antes del auge masivo de la minería de criptomonedas, y que culpar exclusivamente a estas operaciones equivale a ignorar décadas de falta de inversión en infraestructura.
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‘Operativo Cazador’ en cifras
- Más de 4.000 equipos ASIC incautados, en su mayoría Whatsminer M30S
- Entre 8 y 10 megavatios de consumo eléctrico sostenido
- Un solo estado —Aragua— concentrando esta operación, lo que sugiere que el problema es de escala nacional
- Cero detenidos reportados oficialmente hasta el momento del cierre de esta nota periodística.
Hasta ahora, las autoridades no han informado si hubo personas aprehendidas ni bajo qué cargos podrían ser procesados los responsables de la instalación. Una omisión que genera interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Para los venezolanos dentro y fuera del país que siguen de cerca el mercado cripto, este operativo es una señal de que el Estado no está dispuesto a ceder terreno en el control de la infraestructura energética, aunque eso implique frenar un sector que, en otras latitudes, genera miles de empleos y divisas.
Lo que está por verse es si Venezuela optará por fortalecer su marco regulatorio —atrayendo inversión formal al sector— o si continuará por el camino de los operativos de fuerza que, hasta ahora, no han logrado erradicar la minería ilegal, sino solo moverla de lugar.